Cancillería gestiona en Moscú la situación de peruanos captados por el ejército ruso
El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, viajará a Rusia del 6 al 11 de noviembre para exigir explicaciones oficiales sobre el reclutamiento de más de 400 compatriotas en el frente de combate con Ucrania y tramitar la repatriación de los fallecidos.
El Gobierno peruano ha oficializado un viaje diplomático de urgencia del canciller Carlos Espá a la ciudad de Moscú, programado entre el 6 y el 11 de noviembre, con el objetivo central de abordar las crecientes irregularidades en el reclutamiento de ciudadanos peruanos por parte de las fuerzas armadas rusas. La misión diplomática, declarada de interés nacional mediante la Resolución Suprema N.º 309-2026-PCM, responde a la preocupante cifra de aproximadamente 450 connacionales que habrían sido incorporados al conflicto bélico contra Ucrania, muchos de los cuales habrían sido captados bajo promesas engañosas de empleo civil o condicionamientos contractuales opacos.
Durante las reuniones oficiales previstas en Moscú, el titular de la Cancillería sostendrá encuentros de alto nivel con las autoridades locales para exigir información precisa sobre las condiciones en que se firmaron dichos acuerdos militares y el estado actual de los peruanos en el frente. Asimismo, la agenda oficial contempla gestiones prioritarias para solicitar la repatriación de los restos de al menos diez peruanos que han perdido la vida en la zona de combate, así como brindar asistencia consular y proporcionar información concreta a las familias en el Perú que continúan sin tener contacto con sus allegados.
Esta intervención se produce en un contexto de creciente alarma internacional, donde diversos organismos multilaterales y entidades de derechos humanos han denunciado la existencia de redes de captación que operan en América Latina. Según reportes internacionales, estas agencias ofrecen falsos empleos en el sector de la construcción o servicios en Rusia para luego presionar o engañar a los migrantes hacia la firma de contratos de combate, esquemas que han sido catalogados como presunta trata de personas por entes de las Naciones Unidas.
