Esterilizaciones forzadas: archivo fiscal abre un nuevo frente político por la Ley 32107
La decisión de archivar la investigación que comprende a 4.172 víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori reavivó el debate sobre la Ley 32107 y sus efectos en los procesos por violaciones de derechos humanos. Mientras las organizaciones denuncian un obstáculo para el acceso a la justicia, las defensas legales preparan acciones para revertir la medida y llevar el caso a instancias internacionales.
El archivo de la investigación por esterilizaciones forzadas ha trasladado el caso del ámbito judicial al centro de la discusión política. La Cuarta Fiscalía de Derechos Humanos aplicó la Ley 32107, norma que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. La decisión alcanza a 4.172 víctimas identificadas en el expediente y a 52 personas investigadas, entre ellas el exministro de Salud y actual senador Alejandro Aguinaga.
La aplicación de esta norma ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, que consideran que su interpretación limita las posibilidades de investigar y sancionar graves violaciones ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tania Pariona, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que la resolución contradice los estándares del Sistema Interamericano. Además, recordó que la propia disposición fiscal reconoce que las intervenciones se realizaron sin consentimiento libre, previo, pleno e informado de las mujeres afectadas.
El debate también alcanza a las fuerzas políticas vinculadas con la aprobación de la Ley 32107. La norma fue promovida por el congresista Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, y ha sido señalada por las organizaciones como un mecanismo que favorece el cierre de investigaciones por hechos anteriores a julio de 2002. En ese escenario, el caso vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad del Estado, el papel del Congreso en la legislación sobre derechos humanos y los límites que deben respetar las normas nacionales frente a los compromisos internacionales del Perú.
El archivo fiscal no ha cerrado la controversia política ni las demandas de las sobrevivientes. Las organizaciones anunciaron que solicitarán la revisión de la decisión por un fiscal superior y acudirán a instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, el caso de las esterilizaciones forzadas vuelve a confrontar dos asuntos centrales de la agenda pública: el alcance de las leyes aprobadas por el Congreso y la obligación del Estado de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
