Vecindad en pie de lucha para blindar las áreas verdes del Campo de Marte
Ante la falta de apertura institucional de las autoridades edilicias, las organizaciones de Jesús María han fortalecido su articulación comunitaria mediante vigilias, fiscalización técnica y denuncias ambientales para frenar la tala de árboles y exigir la recuperación del parque.
Las protestas vecinales en el Campo de Marte han consolidado un movimiento social estructurado que combina la acción comunitaria directa con estrategias legales y mediáticas. La movilización es impulsada principalmente por el colectivo Salvemos Campo de Marte y la junta vecinal de la zona, quienes han implementado vigilias nocturnas alrededor del perímetro, abrazos simbólicos a las especies amenazadas y jornadas de mapeo colaborativo para inventariar el estado de la flora. Esta cohesión social ha sumado el respaldo ad honórem de ingenieros forestales y especialistas en derecho ambiental, lo que ha permitido transformar la indignación ciudadana en expedientes técnicos sólidos presentados ante medios de comunicación y entidades de control.
En el plano de las negociaciones, los avances de un diálogo formal y directo han sido limitados debido a la falta de coordinación y al deslinde de atribuciones entre la Municipalidad de Jesús María y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Los colectivos de residentes han exigido reiteradamente la instalación de una mesa de trabajo tripartita entre la ciudadanía, la empresa contratista e Invermet; sin embargo, no se ha institucionalizado un canal oficial de concertación ni una agenda de acuerdos firmada. Las posturas del municipio metropolitano se han transmitido mediante pronunciamientos públicos o comunicados, evitando reuniones directas con los representantes vecinales para revisar el expediente técnico de la obra.
A pesar de la ausencia de un acuerdo negociado con la comuna limeña, la presión y visibilización alcanzadas por la acción social han generado impactos directos en el proceso. La intervención y presencia en la zona de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Contraloría General de la República y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), promovidas por las denuncias del vecindario, han forzado suspensiones temporales de las talas no justificadas y la revisión del manejo del riego. Por el momento, el mayor logro de la comunidad organizada ha sido frenar el avance irrestricto de las obras y posicionar la protección del arbolado urbano en la agenda judicial y mediática de la ciudad.
